El derecho del imputado a una investigación objetiva

un debate entre modelos y reformas desde el caso uruguayo

Resumen

El objeto de esta contribución es ubicar el derecho a una investigación objetiva como un derecho subjetivo del imputado y una garantía de objetividad funcional de la investigación penal, especialmente, durante la etapa de la indagatoria preliminar o la investigación no formalizada. La posibilidad de ubicar este “derecho” como parte del pliego que normativamente concierne a un estándar ideal y regulativo del proceso acusatorio está en abierta discusión teórica. Algunas posiciones impugnan abiertamente que exista algo semejante a un derecho de la objetividad; y, por el contrario, discuten que su exigibilidad depende del contradictorio que ontológicamente estructura al modelo acusatorio. Cualquier tipo de alusión a un deber de “objetividad” que tenga como correlato un derecho subjetivo del imputado, sobre este punto, terminaría desnaturalizando la división normativa de roles del modelo regulativo. Estas posiciones críticas, si bien preservan cierta limpidez normativa y prolijidad argumental, desconocen las complejidades que conllevan los procesos de reforma y los datos fácticos que deben ser incorporados a los análisis puramente normativos. Por ejemplo, y en el caso de Uruguay, sobre la incipiente conformación de la Fiscalía General de la Nación y la trabajosa sanción de una matriz orgánica que la emplaza con cierta autonomía funcional respecto al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Una vez ubicado el debate teórico, el siguiente objetivo es desarrollar los contenidos normativos de un derecho a la investigación objetiva, incluyendo especialmente la garantía procedimental de recusación a los fiscales y/o auxiliares de la investigación. Sobre ese punto, realizaremos un somero relevo de derecho comparado sobre la regulación de la recusación en Iberoamérica, señalando las debilidades y fortalezas los distintos modelos. Asimismo, intentaremos identificar ciertos remedios de sencilla elaboración y aplicación que permitan mitigar las deficiencias de modelo regulatorio uruguayo, principalmente, en relación a los deberes funcionales de registro de actuaciones y observancia de principios metodológicos que salvaguarden la trazabilidad y potencial auditoria de evidencias.