Los orígenes de las prohibiciones de contratar con la administración pública española

Resumo

En España el Estado prohíbe ser contratistas a determinados ciudadanos. Durante los siglos XIX y XX la legislación administrativa prohíbe ser contratistas a: los condenados y los procesados por algunos delitos, los insolventes, los deudores del Estado, los funcionarios públicos y los cargos públicos.